¿Ha aprovechado el PRI su travesía por el desierto

para hacer un examen de conciencia de sus

hábitos corruptos y usos no democráticos?

R. Bartra

Hoy se estaría consumando parte de cuanto expuse en mi entrega anterior y que forma ya parte del imaginario colectivo: la simulación en el proceso interno priísta para elegir candidatos a los cargos de elección popular que estarán en disputa el primer domingo de julio.

La legalidad, se supone, es uno de los valores de la democracia que, dada su naturaleza, debía obviamente reproducirse en todo el tejido democrático, incluidos -desde luego- los partidos políticos. Legalidad implica sin más ambages, sujetar los actos propios a la ley.

Todos hacían su doble apuesta. Vaticinaban festivos la capitulación de Humberto Moreira y dividían sus augurios en Beltrones y Osorio Chong para sucederlo. El estigma de evidente corrupción en el seno de la dirigencia priísta fue conjurado, pero la llegada de Pedro Joaquín Coldwell a la oficina principal de Insurgentes (que se hará oficial el próximo jueves), genera un nuevo reto no poco importante: convencer en la realidad de las candidaturas y la campaña que se trata de un nuevo PRI.